La empresa LUMA Energy, atribuyó el apagón masivo a fallas técnicas en líneas de transmisión, mientras la gobernadora Jenniffer González declaró prematuramente el fin de la emergencia.

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Sin embargo, la corporación privatizadora admitió que el restablecimiento no es estable, con interrupciones recurrentes por limitaciones en la generación energética. Mientras, adultos mayores dependientes de equipos médicos y comercios con pérdidas millonarias, exigen responsabilidades por la crisis.

Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal, aprobó 40 millones de dólares en contratos para reparar plantas dañadas, pese a que GeneraPR no ha respondido a auditorías previas. Esto ocurre, cuando LUMA pronostica 90 apagones más para los próximos seis meses.

Mientras tanto, la gobernadora González enfrenta críticas por minimizar el impacto en la población y por vacacionar durante la emergencia, contradiciendo sus propias declaraciones grabadas. La oposición señala, que su declaración de «normalidad» ignora a miles aún afectados.

Expertos denuncian que, este apagón evidencia el fracaso del modelo privatizador impuesto por Washington. Con infraestructura obsoleta y contratos opacos, Puerto Rico sigue vulnerable a nuevos colapsos. Mientras LUMA y el gobierno celebran cifras engañosas, el pueblo sufre las consecuencias de un sistema diseñado para el lucro, no para el servicio público.

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